REVISTA INNOVA ITFIP, 11 (1). 91-115.DIC. 2022
Fuente: Elaboración propia
Ante este desolador panorama, Colombia se vio abocado a
generar una ley de transparencia (Ley 1778 de
2016),
transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción.”. (CONGRESO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2016).
En dicha Ley, se promueve en el artículo 23 como medida de acción, la implementación de Programas de Ética
empresarial. Textualmente dice lo siguiente “La Superintendencia de Sociedades promoverá en las personas
jurídicas sujetas a su vigilancia la adopción de programas de transparencia y ética empresarial, de mecanismos
internos anticorrupción, de mecanismos y normas internas de auditoría, promoción de la transparencia y de
mecanismos
relacionadas con soborno transnacional. (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2016).
SaludCoop
Recobros que esta EPS le hacía al Estado y que sirvieron para pagar abultadas
bonificaciones, finca raíz, viajes e inversiones en el extranjero. Al día de hoy,
continúa el problema de las secuelas que dejó la mala administración de la EPS
que más afiliados tenía en el país. Casi 5 millones de afiliados. (González,
2018).
Fidupetrol
El abogado Víctor Pacheco entregó 500 millones a magistrados de la Corte
Constitucional para que le dictaran un fallo de tutela favorable. Este caso fue el
comienzo de varios escándalos dentro de la Corte Constitucional. Más adelante
se conoció como el Cartel de la Toga. (González, 2018).
Odebrecht
La firma brasileña pagó millonarias coimas en Colombia y otros 11 países con
el fin de iniciar megaproyectos. Dos campañas presidenciales recibieron dineros
provenientes de sobornos, sin embargo, no pasó nada con las investigaciones, y
la impunidad quedó incólume. (González, 2018).
Reficar
Desfalco en el megaproyecto de la ampliación de la refinería de la ciudad de
Cartagena, sobrecostos en la obra por encima del 50% de su costo inicial. (La
silla vacía, 2019).
Inassa
Incurrió en la conducta de Soborno Transnacional, por haber ofrecido o
efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016. (América
Economía, 2018)